Les robaron todas sus pertenencias a los militares detenidos en la Dirección de Inteligencia chavista y les prohibieron usar los baños
Las autoridades obligaron a las familias a firmar un acta como si les hubiesen devuelto todos los objetos sustraídos de las celdas. "Tienen que volver a traerle todo lo que necesiten, pero no traigan libros", fue la recomendaron los custodios
En el centro de tortura que se ha convertido la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) realizaron el jueves una requisa, como ocurre con cierta frecuencia, pero esta vez les robaron todas sus pertenencias: colchonetas, medicinas, prendas personales, cepillos de dientes, pasta dental, jabón de baño, desodorantes, papel higiénico, sábanas, alimentos, dejando las celdas vacías.
Lo único que no se robaron fueron la comida dañada y los libros, que le devolvieron a los familiares obligándolos a firmar un acta de entrega como si les hubiesen devuelto lo que en realidad se robaron. "Tienen que volver a traerle todo lo que necesiten, pero no traigan libros", fue la recomendación de uno de los custodios.
Ya no les van a permitir el ingreso de alimentos a las celdas, sino que van a ser trasladados al comedor. Prohibieron la salida a los baños y les instalaron una poceta sanitaria dentro de algunas celdas para que hagan ahí sus necesidades. Los restantes deben hacerlas en bolsas plásticas. Por ahora, hay militares desaparecidos, torturados, sin derecho a visitas familiares, sin llamadas telefónicas, sin acceso a sus abogados, sin audiencias de presentación y sin derecho al debido proceso.
La Asamblea Nacional, en un documento suscrito por su presidente Juan Guaidó, el 29 de junio, aprobó varias medidas relacionadas con los casi 200 militares detenidos por razones políticas, entre esas acudir a organismos internacionales como la ONU, la CIDH y la Corte Penal Internacional, para entre otras cosas verificar el estado de salud de todos los militares presos y exigir la fe de vida y chequeos de estado de salud de los militares desaparecidos.
Han pasado más de 15 días desde ese documento firmado y la Organización de las Naciones Unidas no ha respondido, más aún, a la comisión que dejó en Venezuela la doctora Verónica Michelle Bachelet Jeria, el gobierno de Maduro no le ha permitido el acceso a los sótanos de la DGCIM ni siquiera a reunirse con militares detenidos y ni siquiera contestan sus comunicaciones, después del informe que la alta comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas presentó ante la ONU.
La Comisión Internacional de los Derechos Humanos está abarrotada de denuncias, así como la Corte Penal Internacional.
La Comisión Permanente de Defensa y Seguridad de la Asamblea Nacional, ya había recibido en abril del año pasado 2018 a los familiares de los nueve militares del Ejército que habían sido detenidos el 2 de marzo: los 6 tenientes coroneles Igbert Martín Chaparro, Erick Peña Romero, Henry Medina, Victoriano Soto Méndez, Juan Peña Palmintieri y Deivis Marrero, además del Primer Teniente Javier Ariza y los sargentos Julio Gutiérrez y Yulimar Medina.
En marzo 2019 la Comisión volvió a recibir a más familiares de otros detenidos militares, quienes al igual que en el 2018 relataron lo que ha ocurrido en los sótanos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).
Pero no hay una acción de los parlamentarios, más allá de las declaraciones en los medios de comunicación. Las esposas, madres e hijas de los militares detenidos no cuentan con la solidaridad presencial de los parlamentarios, por ejemplo para reclamar la desaparición de varios militares, de la destrucción de las pertenencias que les fueron robadas de las celdas, incluyendo los medicamentos, el traslado inconsulto de las 10 mujeres que estaban detenidas en DGCIM y que fueron llevadas a la sede del Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) que es una cárcel de mujeres, la desaparición de los militares Miguel Rodríguez Torres, Raúl Isaías Baduel, Igber Marín Chaparro, Humberto De La Sotta Quiroga, Ruperto Molina, Rodriguez Dos Ramos además del civil Carlos Eduardo Marrón.
El tercer punto que solicita el documento que firma Guaidó es exigir la entrega de la fe de vida y chequeos del estado de salud de los militares desaparecidos en las últimas horas. Pero los diputados ni de la Comisión de Defensa ni de las Subcomisión de Derechos Humanos han promovido una acción que lleve al cumplimiento de esa petición.
Mucho menos han ejecutado alguna acción para verificar el estado de salud de los demás militares presos, especialmente los de la DGCIM, a quienes les han aplicado una serie de acciones violentas en las últimas 72 horas, que van desde el en envío a las celdas de tortura de varios militares señalados de ser los promotores de la acción de resistencia por la exigencia de sus derechos humanos.
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